Según el último informe del Transactional Track Record (TTR), entre enero y julio del presente año, se registraron 61 operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) en el mercado peruano, habiendo otras 12 en curso (que sean públicas) y otras tantas que estarían arrancando o tendrían un carácter más confidencial.

Todas ellas apuntarían a cerrar antes de este fin de año.

De las transacciones registradas y en curso, se observa una pauta de comportamiento que cada vez es más habitual, como es el hecho de que tanto los private equity, como las entidades corporativas, centren sus inversiones en compañías multilatinas con presencia en varios países de la región.

Este patrón nace con el objetivo principal de conseguir la escala suficiente que permita a lo private equity, llegar a las rentabilidades necesarias exigidas por sus inversionistas; y en el caso de los grupos corporativos, con el objetivo principal de obtener sinergias de carácter operativo con el fin conjunto de contrarrestar los altibajos que sufren los países de manera individual dentro de América Latina.

Volviendo a los números, pese a que las cifras muestran que el número de transacciones en 2019 y el monto transaccionado (en el periodo enero a julio 2018 hubo 68 operaciones versus las 61 en 2019; y un monto transado de US$3.900 millones en dicho periodo en 2018 versus US$2.178 millones en 2019); el ejercicio está siendo excelente en términos generales.

Ahora bien, la parte difícil se centra en estimar cómo acabe el año, principalmente, debido a los “sentimientos encontrados” en que viven actualmente los inversionistas: la aceleración de los procesos por la Ley de Control de Fusiones y Adquisiciones, por un lado; y la desaceleración que podría ocasionar el supuesto adelanto de elecciones, por otro.

Siendo realistas, lo más probable es que tenga más peso el primer efecto, principalmente, por un tema de temporalidad, es decir, el horizonte temporal es definido.

Este hecho genera que pueda ser la última bala para determinados vendedores que plantean salir de sus negocios en los próximos años, sabiendo que la venta de sus compañías podría generar problemas en términos de competencia, restando así atractivo a potenciales inversionistas.

Por otro lado, los inversionistas actuales se encuentran ávidos de proteger su cuota de mercado y qué mejor manera de hacerlo que ampliando su cuota de mercado.

La preocupación viene de cara al mediano plazo: una vez que entre en funcionamiento la Ley de Control de Fusiones. Y la preocupación, además, está bien justificada.

Primero porque la Ley de Control de Fusiones aceleró procesos que de manera natural se habrían dado en los 3 o 4 años, habiéndose concentrado en dos.

Segundo porque la anticipación de la fecha de las elecciones ha desencadenado una reacción adversa en el mercado, generando desconfianza en el empresariado, con la consiguiente reducción en las contrataciones y la inversión privada; y en el consumidor.

La preocupación se empieza a observar en una disminución de los niveles de crecimiento proyectados para final de año, inferiores a los estimados inicialmente.

Y tercero, independientemente de que se anticipen o no las elecciones, el efecto de la incertidumbre de elecciones venideras siempre genera una retrocesión en las expectativas de inversión.

En resumen, como dice el refrán, es que después de la tormenta vivida en 2018 y 2019, lo más probable es que venga la calma, durante, al menos, 2020.

Source: Diario El Comercio - Peru