La existencia de una ley de control previo de fusiones y adquisiciones requiere de un fortalecimiento del Indecopi. No hacerlo entorpecería su implementación, le restaría confiabilidad y generaría incertidumbre para las empresas. Como se sabe, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó recientemente un dictamen que pasaría al Pleno en las próximas semanas. El documento tiene el respaldo del Ejecutivo y de la Comisión de Economía, presidida por el oficialismo, por lo que su aprobación en el Congreso parece inminente.

Aunque todavía falta el visto bueno del Pleno, es positivo que el documento recoja aportes técnicos que evitarán la incertidumbre por eventuales demoras en el control previo. Puede destacarse, por ejemplo, la inclusión del silencio administrativo positivo. Así, la operación se aprobaría de manera automática si el Indecopi no resuelve en los plazos establecidos.

De igual modo, es acertada la decisión de establecer umbrales elevados para que el Indecopi revise la menor cantidad de operaciones al año. Tres son los motivos: evita una sobrecarga laboral, mayores gastos al regulador y que gran parte de las operaciones pasen por un trámite costoso para el privado. Lo mejor es que emplee eficientemente sus recursos en operaciones que realmente puedan afectar la libre competencia. Bajo los umbrales establecidos, no más de diez operaciones al año requerirían control. Es una cantidad razonable: al cierre del 2018, de acuerdo a Transactional Track Record, se registraron 188 operaciones.

Pero, más allá de estos detalles, existe preocupación en el mercado por los alcances de la regulación. Un argumento esgrimido por quienes cuestionan el control previo es que supone un ejercicio de adivinación del futuro, de modo que el mecanismo es susceptible de caer en el error. Es un argumento atendible. Pero también es verdad que, siendo una norma con alta probabilidad de aprobación, corresponde exigirle al Indecopi que los equipos encargados de las operaciones sean de altísimo nivel para reducir el riesgo de error. Ello implica que el Ejecutivo le otorgue —y afortunadamente esto lo recoge el dictamen— una partida presupuestal que le permita prepararse de cara a la implementación de la ley. Según Ivo Gagliuffi, su presidente, son necesarios S/12 millones. El equipo debe trabajar a tiempo completo y con una remuneración competitiva.

Otro tema que preocupa es un posible impacto a la inversión. Es poco probable que esto ocurra. La experiencia demuestra que en el sector eléctrico —donde hay control previo— ello no supuso un problema y, de hecho, está en camino la venta de Luz del Sur. Además, economías de similar tamaño a la peruana, como Chile y Colombia, siguen liderando las fusiones y adquisiciones pese a un control previo. Ambas registraron 259 y 197 operaciones al cierre del 2018. En suma, la norma sí fortalece al Indecopi ahora que asumirá más responsabilidades. Pero ahora más que nunca tiene el desafío de ser inmune a la presión política. Esa y las otras medidas serán cruciales para evitar que la nueva regulación impacte negativamente en las empresas y los inversionistas.

Source: Semana Económica - Peru