Este año pintaba muy bien en fusiones y adquisiciones, luego de que en 2019 Colombia, según el informe de Transactional Track Record, realizó más de 216 acuerdos con más de US$12.600 millones en capital transado. Sin embargo, apareció la pandemia y dejó congeladas decenas de operaciones, mientras muchos sectores se paralizaban y las empresas empezaban a pasar afugias.

Tradicionalmente se cree que estas operaciones dependen en gran medida de la situación de la economía. Y que ante las expectativas de una profunda recesión podrían quedar al menos en pausa. Sin embargo, parecería que esa premisa hoy no se cumple del todo. Al principio de las cuarentenas el mercado quedó en stand by, pero hoy hay una nueva dinámica.

Sin duda, las empresas están muy golpeadas y muchas de ellas podrían desaparecer por problemas de liquidez y flujo de caja. La actividad económica en muchos sectores tuvo una parada súbita y tomó a cientos de compañías con altos niveles de deuda, poco margen de maniobra, pero con una operación viable hacia el futuro. En otras palabras, la pandemia aceleró procesos, en su gran mayoría tecnológicos, y necesitarán recursos para acometer esas inversiones y ajustarse rápidamente a una nueva normalidad, más virtual, digital y eficiente. Unas más tendrán que reinventarse en sectores que se transforman profundamente.

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Pero una realidad puede jugar a favor. Esta crisis, a diferencia de la global de la década pasada o la que tuvo Colombia al finalizar el siglo XX, no es financiera. Por el contrario, en los mercados hay liquidez y recursos.

En la segunda emergencia económica que decretó el Gobierno, quedó la posibilidad de que las empresas puedan sacar al mercado de capitales títulos de deuda privada con garantía de la nación. Eso hará que los fondos de equity puedan financiarlas de una forma más económica y rápida. Incluso banqueros de inversión y abogados consideran que puede venir una oleada de compras parciales o totales de empresas a las que llegarán, por estas vías, recursos frescos.

“La garantía a la nación va a permitir que los inversionistas entren con alguna tranquilidad y el emisor va a tener la posibilidad –cuando estemos en la nueva normalidad– de poder refinanciar su deuda ya con unas condiciones diferentes en el mercado financiero o en el mismo mercado de capitales”, dice Jaime Cubillos, socio de Posse Herrera Ruiz.

De otro lado, el Gobierno busca permitirles a los inversionistas institucionales y los fondos de pensiones tener un portafolio más amplio para invertir y darle mayor desarrollo y profundidad al mercado de capitales, hoy limitado y con baja cobertura.

También analiza la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan desarrollar nuevos fondos de deuda que entren a apalancar financieramente grandes proyectos, como los de infraestructura, al igual que sucedió en la Cuarta Generación de concesiones. “En materia de fondos de inversión, en fondos de capital privado, particularmente en deuda y movilizando fondos de institucionales y fondos estatales, estará concentrada gran parte de la actividad legal de esta área de práctica”, advierte Carlos Fradique, socio de Brigard Urrutia.

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En este contexto, los fondos de capital privado van a llegar empresas en procesos de insolvencia para facilitar recursos de deuda. Y ellos, de acuerdo con las nuevas reglamentaciones, tendrán prioridades como acreedores. "Evidentemente tiene beneficios en el contexto de los procedimientos de insolvencia. Pero desde el punto de vista del acreedor genera inseguridad jurídica de una forma bastante significativa", explica Andrés Crump, socio de Baker McKenzie.

No solo se trata de fondos privados. También los públicos estarán en movimiento, tras la conformación del Fome (fondo que surgió en la primera emergencia económica decretada por el Gobierno). En el plan de reactivación, el Gobierno utilizará recursos del Fome para dar subsidios a vivienda no VIS, que reactiva el consumo y la construcción; desarrollar vías terciarias e impulsar el sector agropecuario.

Además, las apuestas del “Plan Marshall criollo”, que estima recursos por unos $100 billones, dinamizarán las gestiones jurídicas de las firmas de abogados. “El área de infraestructura no ha parado. La ANI sacó su primera licitación 5G en medio de la pandemia, y ha habido gran interés de empresas extranjeras en participar”, dice Ximena Zuleta, socia de Dentons.

De otro lado, se ha movido mucho el sector de estructuraciones financieras internacionales, donde firmas de abogados en Colombia han participado en más de una decena de operaciones en los primeros meses de este año.

En estas circunstancias, “el mundo está ante un mercado de compradores y no de vendedores”, como advierte Felipe Quintero, socio de DLA Piper.

Por eso, algunos prevén que varias fusiones y adquisiciones se realizarán por precios menores a los previstos por el impacto de la pandemia y el precio del dólar, que para inversionistas internacionales se convierte en un instrumento clave a la hora de comprar.

Asimismo, hay expectativa por las movidas del Gobierno para concretar anuncios en dos sentidos. Por una parte, avanzar en los procesos de ventas la participación de la Nación en activos, por $12 billones el año entrante y $6 billones más en 2022. Estos procesos enfrentarán una presión política y jurídica, pero también dificultad con los precios.

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Por la otra, el país también espera saber cómo se va a mover el Gobierno para apoyar empresas clave en sectores estratégicos, particularmente las aerolíneas, empresas de transporte intermunicipal terrestre y hasta las de transporte masivo.

Dos dudas ya están en la agenda y en plena discusión. La primera se refiere a cómo valorar las compañías, porque la incertidumbre pesa sobre las proyecciones. La segunda tiene que ver con los procesos de renegociación entre compradores y vendedores cuyas condiciones han cambiado por la pandemia.

Las fusiones y adquisiciones tienen muchas posibilidades, pero también se pueden convertir en eje de discusiones. Esto apenas empieza.

Source: Dinero - Colombia